Mérida, Yucatán, a 19 de noviembre de 2025. En un ejercicio inédito de rendición de cuentas y fortalecimiento institucional, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán (TJAY), encabezado por su Magistrado Presidente, Maestro Rafael Rodríguez Méndez y la Magistrada María Gabriela Baqueiro Valencia, hicieron entrega del Informe de Labores 2024–2025 al Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Yucatán, Diputado Wilmer Manuel Monforte Marfil.
Durante el encuentro, el Magistrado Rodríguez Méndez subrayó que esta entrega representa un acto sin precedentes en la relación entre ambos poderes, realizado con el objetivo de transparentar la gestión jurisdiccional y administrativa del Tribunal, así como de reafirmar el respeto al Poder Legislativo y a la soberanía del Estado.
En un ejercicio de buenas prácticas, el Pleno del Tribunal consideró fundamental establecer un vínculo directo con el Congreso, como muestra de apertura, transparencia y compromiso con la sociedad yucateca”, señaló el Magistrado Presidente.
El Diputado Wilmer Manuel Monforte Marfil, Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, y el Diputado Samuel de Jesús Lizama Gasca, reconocieron la voluntad del TJAY por rendir cuentas y fortalecer el diálogo entre instituciones. Ambos legisladores coincidieron en la necesidad de actualizar el marco normativo que rige la justicia administrativa en la entidad, proceso que ya ha iniciado con la reciente entrada en vigor de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de Yucatán, la cual incluye un apartado específico para el Tribunal de Justicia Administrativa de Yucatán.
El Magistrado Rodríguez Méndez destacó que el Informe de Labores contiene una numeralia detallada sobre asuntos resueltos, abatimiento del rezago jurisdiccional, profesionalización y capacitación continua, así como la explicación detallada de buenas prácticas en el manejo del presupuesto público a través de calificaciones eficientes en diversas métricas externas. Para el 2026, los trabajos se reflejarán fortaleciendo la capacitación académica de quienes a diario ejercen la función jurisdiccional, así como el afianzamiento de las políticas públicas en la planificación, desarrollo e implementación de los medios alternativos de solución de controversias.